Cuando acaban de cumplirse cuarenta años (1976-2016) del acceso de Adolfo Suárez González a la Presidencia del Gobierno español, Hugo Subías realiza una serie de interesantes reflexiones sobre aquel episodio de la Transición democrática, sobre otras “transiciones” de la Historia de España y sobre el momento político reciente y actual de nuestro país.
Estamos saliendo de una legislatura democrática de ínfima duración en la que hemos visto que los valores de la Transición que nuestros abuelos levantaron como legado para sus hijos son ignorados y olvidados en favor de cualquier populismo, de cualquier signo, pues ya no vale solo el hablar por elogiar sino que se busca el ser comentado sin importar lo opinado. Esta regeneración política que está sufriendo España no es la primera, ni de lejos: llevamos ya varios intentos de levantar un estado democrático desde que los franceses inhibieron las capacidades de unos monarcas entonces deficientes y permitieron que la sociedad se organizase a sí misma, aunque fuera para luchar contra sus hermanos en defensa de su obra, la Constitución de 1812, “la Pepa”, que luego se humilló con su derogación y el exilio de sus artífices; otras ocasiones de modernización pudieron ser la Gloriosa, el regeneracionismo, la II República o el caso anterior, la Transición. En todas las ocasiones, un pequeño grupo consiguió recuperar, más bien arrebatar, el poder a la sociedad para su beneficio propio; siempre que se ha intentado democratizar la sociedad ha venido alguien interesado en conservar el estado de desigualdad que, al menos antes, contrastaba con el resto de sociedades occidentales: Fernando VII el Deseado, Cánovas y Sagasta en la Restauración, Franco y, ahora, la economía global y los nuevos señores del mundo. No pretendo decir que estos individuos fueran ni almas caritativas ni demonios desalmados sino que, en caso de no haber soportado todas las modernizaciones y retrasos, irónicamente, no hubiéramos podido quejarnos de ellos o aplaudirlos, es más, sin uno de ellos no hubiera ocurrido ninguno de los otros.
Estudiemos el último caso: en 1975, Juan Carlos I, heredero de la corona de España por decisión del dictador Francisco Franco, asumió el cargo de una nación deseosa de cambio y de apertura internacional y verdaderos derechos. Viendo el fracaso de Arias Navarro, el último presidente franquista, este fue sustituido por una cara joven e inesperada por el pueblo, Adolfo Suárez, quien no gozó del respaldo de nadie salvo su seleccionador, el rey. En la Transición postfranquista ocurrieron numerosos sucesos clave: la reincorporación del Partido Comunista de España, la organización del sistema político actual, la llegada del estado del bienestar, aunque salpicado por ETA y otras afiliaciones terroristas, la actual Constitución, etc. De entre ellos uno de los hitos más remarcables de la etapa fue salir de una dictadura sin golpear una sola vez la mesa, sí para negociar pero nunca para expulsar; que estos días los políticos sean incapaces de negociar y hacer su único cometido, gobernar, es inaudito. Acababa de morir el dictador, todo el mundo guardaba silencio ante la fragilidad del equilibrio establecido y, aun en esa situación, consiguieron ponerse de acuerdo todos los partidos y llegar a posturas comunes en materia de dirección política sin necesidad de excluir a nadie, eso es digno de admiración. Puede que la organización de la Ley de Reforma Política fuera ciertamente modificada respecto de su correcta apariencia, derivando en una abstención y no una oposición por quienes no la admitían en su totalidad, y que la Constitución no sea perfecta para nadie, pero nacieron del sentimiento de necesidad mutua y de la voluntad de seguir adelante todos a una. Este sentimiento ha quedado relegado en nuestro tiempo al interior de los clubes de seguidores de fútbol, pues el gobierno actual es un “todo por el pueblo, sin el pueblo… y contra el pueblo”, se gobierna al otro para mejorar el modo de vida propio y se conservan momias políticas vagando por el Congreso, tradición que adquirimos en la Transición al congelar el alma de muchas instituciones del periodo anterior y quedando patente el inmovilismo, no solo de la sociedad sino también de la clase gobernante, con el apodo de “gobierno de penenes” que colgaron al equipo de Suárez cuando entró en la vida pública por invitación del rey.
La Ley de Reforma Política fue un trámite del equipo de Suárez con el propósito de incluir a las fuerzas de izquierda en el futuro sistema democrático desde un punto de vista superficial. El segundo objetivo fue debilitarlas al forzarlas a firmar la renuncia a los métodos y las ideas que tanta popularidad tenían entre una población que intentaba salir de la dictadura a toda costa, a la que no fue permitida percibir la verdadera finalidad debilitadora pro-conservadora de la medida. Todo lo polémico en el último artículo, que fue una reestructuración lingüística de una propuesta semejante presentada por el equipo anterior en época de Arias Navarro, el resto del documento se dedica a comentar la estructura administrativa nacional actual (las comunidades autónomas y las provincias) y el sistema electoral con la administración de representantes políticos de la ciudadanía. Un ejemplo conocido de este sometimiento fue el de la legalización del PCE, teóricamente comunista, que tuvo que renunciar a su política revolucionaria y antimonárquica para que fuera permitida su intromisión en el marco político electoral por parte de los militares, que lo veían como su enemigo mortal debido a la pseudorrevolución social que se dio en ciertas áreas republicanas más de tres décadas atrás, allá por la Guerra Civil, cuando llenaron el vacío de poder del gobierno democrático con estructuras colectivas ejecutivas locales en Aragón y Cataluña debido a la desconexión de las zonas con el Estado que consideraban legítimo, y el nuevo poder de la población obrera y/o campesina adquirido por el armamento de milicianos con ideologías comúnmente socialistas o anarquistas ante la desarticulación del ejército republicano en previsión de traiciones internas. El otro punto caliente del edicto fue que la representación electoral no era exactamente coincidente con el verdadero reparto ideológico: a las regiones más despobladas, con la finalidad de ofrecerles una voz política, se les concedió una representación mayor de la que deberían haber obtenido por reparto proporcional civil (es raro que una zona como Soria, más despoblada que Barcelona, tenga un colectivo representativo semejante); lo casual es que las zonas más despobladas del país eran también donde era más sólida la ideología conservadora, de derechas, del gobierno pseudofranquista y las zonas más densamente pobladas fueron los fueros de las izquierdas, progresistas, convirtiendo la medida de intentar dar opciones a las minorías en una orientación pro conservadora de la población representativa del electorado; todo gracias a la influencia del modelo por antonomasia del federalismo reciente del líder del bloque capitalista, EE. UU.
Podemos afirmar con rotundidad que la Transición fue un momento delicado, feliz, triste, agobiante, extenuante… pero que sin ella no estaríamos donde estamos. Que aunque fuera una utopía el cambio político hecho realidad gracias a la influencia de fuerzas externas (EE. UU., Alemania, Francia…), hemos de estar agradecidos de lo que fue aunque disgustados por lo que pudo ser. Quizá peor, ojalá mejor, pero negar la utilidad de esta etapa sería renegar del pasado; negar la existencia del franquismo también sería renegar del pasado. Renegar de la experiencia vivida es convertir el pasado desconocido en futuro por conocer, y ese ha sido el fallo de España: querer avanzar sin mirar atrás, acto necesario para saber qué nos cabe esperar y cómo saberlo evitar. Por ello hay que pensar qué se hizo ayer para planificar qué hacer mañana, y hay que saber qué hicimos en el pasado entonces, mal o bien, para saber por dónde ir en el futuro.
Hugo Subías Ramos, 2º de Bachillerato